DOSSIER
1. TRANSICION Y ESCUELAS DE DEMOCRACIA
3. LEGISLACION Y PRACTICAS PARTICIPATIVAS
4. BLOQUES, VOTOS Y ABSTENCIONES
5. INDICADORES, CORPORATIVISMOS Y ALTERNATIVAS
Se parte de las "escuelas de democracia", que significaron los movimientos populares contra el franquismo, y de los procesos. Ve "abajo a arriba" que se producían en la "Transición política" para llegar a la "captación" de dirigentes de muchas asociaciones más tarde. El debate sobre "Reglamentos de participación" vino a sustituir la participación efectiva, y en cierto sentido se deslegitimó las prácticas concretas de movimientos que no entrasen en esa dinámica. Se profundiza así la ruptura entre un país oficial (legitimado por los votos) y otro país real que (absteniéndose o votando) se desmoraliza, y cambia de valores y objetivos. Los cambios en la estructura económica, y la polarización social también nos llevan tanto a "corporativismos" vados, como a experiencias innovadoras. Desde el Foro Global de Río de Janeiro hasta en movimientos populares locales se están abriendo algunas perspectivas interesantes, como los programas de Alternativas Integrales, y otros parecidos que estamos desarrollando.
Movimientos sociales. Participación ciudadana Democracia delegada y Democracia participativa. Bloques sociales. Asociacionismo. Estilo político. Indicadores. Redes sociales. Programación.
The departure point are the "democracy schools" which popular movements against the Franco System meant, and the bottom-up processes which were taking place in the "Political Transition", to get to the "attraction" of leaders from many associations some time later.
Debate on "Participation Rules" substituted effective participation and particular practices of movements not entering this dynamics were in some way delegitimized. The gap widened between an official country (legitimized by votes) and other real country that (by abstention or voting) arrives to demobilitation and changes its values and aims. Changes in economic structures and social polarization lead us as much to different corporate identities, as to innovative experiences. From Rio de Janeiro Global Forum to local popular movements some interesting horizons are being opened, as it happens with Integral Alternatives programmes and other similar programmes that we are developing at this moment
Social movements. Civic participation. Delegated democracy and Participative democracy. Social groups. Associationism. Political style. Indicators. Social networks. Programming.
(El presente artículo ha sido reelaborado sobre una ponencia presentada a la Conferencia Europea sobre Participación Ciudadana en los Municipios. Córdoba, 1992)
Hay que empezar situándonos en que cada sistema de poderes es fruto de construcción histórica particular, y que por tanto "esta" democracia nuestra es diferente de otras formas que en el mundo se dan. A veces se habla de la democracia como si sólo existiese un modelo y en todas partes funcionase igual. Para no caer en simplismos excesivos debemos hacer referencia, aunque sea breve, a las condiciones en que entendemos que se ha producido, y cómo se está reproduciendo. En los años sesenta veíamos como se desarrollaba entre nosotros el fordismo (o el capitalismo monopolista de estado, según otros) o incluso un intento de Estado del Bienestar, si bien es cierto que desde una condición de país semi-periférico, al sur de Europa. El salto se llamó "milagro económico" según la parte más oficial, o bien industrialización y urbanización acelerada, con escasa planificación, según otros. Junto a un incremento del Producto Interior Bruto surgían diversas contradicciones de tipo laboral, de tipo urbano, cultural, etc. El proceso (que se dio en tantos otros países), entre nosotros registró una especial aceleración. Este contradictorio proceso generó en distintos sectores que algunas minorías pusiesen en cuestión los aparentes éxitos alcanzados. Minorías que realmente no tendrán un apoyo significativo popular hasta que ya, en los años setenta, se muestren más abiertamente los problemas del sistema de acumulación y la crisis del sistema autoritario.
Se ha querido magnificar que en los sesenta había grandes movimientos de contestación, y realmente lo único que había eran los embriones de los movimientos que surgirán más tarde. En primer lugar, habrá que decir que desde las huelgas obreras del 62 y el surgimiento de Comisiones Obreras si se iban generalizando experiencias, nuevas para entonces, de autoorganización en las empresas. Grupos de trabajadores que van más allá de las concepciones al uso de los partidos de la época, y que obligan a éstos a aprender de estas experiencias. Con altibajos y grandes discusiones los marxismos tendrán que irse desdoblando en diversas interpretaciones, y no sólo en las empresas sino también, ya entrando en los años setenta, en los barrios y diversos sectores ciudadanos. A estos sistemas de análisis de la explotación y de la segregación urbana, hay que sumar importantes sectores que desde la condena moral de inspiración cristiana, van a significar buena parte de los grupos contestatarios de aquella década. El paso del mundo rural al urbano con la ruptura laica de muchas tradiciones, va a reformular los contenidos de bastantes grupos eclesiales de base. En la Universidad, al tiempo, se está produciendo una masificación, que pone en crisis los sistemas tradicionales de enseñanza, y en consecuencia surgen también formas contestatarias y una consciencia generalizada de la necesidad de un cambio. Otros autores, e incluso yo mismo, hemos hecho en otros textos referencia más detallada sobre estos aspectos (Villasante, 1984).
El sentido que tiene traer aquí este recordatorio es para que se entienda que las cosas que decíamos una minoría sobre los fenómenos cambiantes de la sociedad de entonces no tuvieron confirmación hasta una década después; y no tanto porque aquella sociedad hubiese seguido las consignas que entonces pretendía tal o cual grupo, sino porque tales grupos tuvieron que estar muy atentos a los fenómenos que surgían nuevos desde la sociedad. Los partidos políticos, sobre todo por las razones de clandestinidad, no tenían gran afiliación, en cambio otros organismos unitarios de tipo sindical, vecinal, estudiantil, profesional, eclesial, de la mujer, etc., si tuvieron un gran papel en el seguimiento, debate y aplicación de la contestación al sistema. Hoy buena parte de la historia se cuenta desde análisis de partidos, pero quienes vivimos aquellos años debemos reconocer que otros elementos intermedios fueron el verdadero caldo de cultivo de la lucha por la democracia. Auténticas "escuelas de democracia" fueron muchos de estos organismos intermedios, que formaron a una generación en hábitos que apenas pudieron recoger de la generación anterior. Unas "escuelas creativas" (aunque breves) para analizar los acontecimientos que se precipitaban en los años setenta.
El referéndum de 1976 y la disolución de la llamada Plata-Junta al poco tiempo marca un cambio de rumbo en todo el Estado de este proceso (salvo en el País Vasco). Sólo en Euskadi la huelga general convocada consiguió dar un alto índice de abstención al proceso de reforma desde el gobierno. Resultados que se repetirán en la Constitución. En el resto del Estado la carrera por presentarse como partidos en las elecciones del 77, dejarán atrás las formas unitarias que se habían empezado a gestar desde la ciudadanía. Se celebra más la legalización de un partido que de un sindicato, o se vacían los movimientos vecinales para proponer candidatos partidarios, etc. Se ha puesto de ejemplo reiteradamente la transición española dentro y fuera de nuestras fronteras, pero debemos asumir autocríticamente algunos aspectos de precipitación e inmadurez que cometimos, y que hoy nos pueden aclarar algunas de las consecuencias que vivimos.
A diferencia de otras transiciones no se fue acumulando fuerzas desde abajo hacia arriba y prolongando las experiencias de democracia participada que se empezaban a dar, sino que se saltó a formular en primer lugar la Constitución, luego las comunidades autónomas y sólo al final los municipios. Si se hubiese empezado por los municipios, las experiencias participativas hubiesen permitido una mayor incorporación activa de la ciudadanía, y con mayor experiencia. Pero se prefirió basar a los Pactos de la Moncloa en unos acuerdos económicos de urgencia, que significaron la desmovilización de las luchas sociales durante unos años. No quedó otro horizonte que votar este o aquel partido, y ahí pasó a residir toda legitimidad política. Varios acuerdos sindicales señalan cómo pasar por la crisis, pero la democracia en la empresa poco ha prosperado, como hoy se analiza críticamente (Martínez-Alier, J y Roca, J. 1988). La vivienda tuvo solución en Madrid (no en otras ciudades) pero de aquella iniciativa ciudadana se hizo un pacto de silencio y nos quedamos sin la legislación oportuna (Villasante y otros, 1989). A los profesores de Universidad nos hicieron funcionarios, y las inquietudes fueron desapareciendo... No sólo no se ha superado el aparato burocrático franquista, sino que la Reforma Administrativa (la tercera promesa del PSOE en el 82, junto a la no entrada en la OTAN y la reducción del paro) tampoco se ha acometido.
Lo que se ha consolidado de esta democracia, en esta transición, es la desmovilización de la sociedad y la votación de algo más de la mitad de los electores. ¿Es esto una exigencia necesaria de una democracia avanzada? ¿0 más bien es el fin de una etapa, y es necesario pensar en una segunda transición hacia sistemas más participativos de democracia? Nos tememos que la democracia es una construcción que si no avanza retrocede, y por lo mismo entendemos que estamos ensayando el fin de un intento y debemos iniciar un nuevo proceso. Aprender de experiencias pasadas, autocríticamente, es positivo.
La historia de nuestra transición en lo local y participativo es una cuestión de saltos amnésicos y de modernización acelerada. Es decir, la modernización se inicia de arriba a abajo, de la Constitución en 1978 a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985 y al Reglamento de Organización y Funcionamiento de 1988. Esta es la racionalidad elegida, y que se basa en unos principios de modernización desde las bases generales constitucionales a los más concretos de funcionamiento municipal, que sólo son redactados una década después de ser electos los primeros ayuntamientos en 1979. Pero el proceso real del que veníamos era muy otro, y aquí es donde aparece el olvido, amnesia o ruptura con lo que se venía construyendo en la transición. Se trataba de un proceso "de abajo a arriba", tal como con acierto se definió en los procesos de planteamiento urbanístico de aquella época (Ceta, 1978).
Un proceso de "abajo a arriba" significaba por ejemplo los PAI (Programas de Actuación Inmediata) que en Madrid la institución planificadora (COPLACO) realizó con una interesante participación pública, al menos en los primeros que se hicieron. Y estos diagnósticos de urgencia, descentralizados y participados, fueron base para la posterior redacción del Plan de Urbanismo. O también podemos poner de ejemplo de aquellos años (1979-85) la construcción de 40.000 viviendas sociales por autogestión de las asociaciones de vecinos (Villasante y otros, 1989), también en Madrid y sobre todo en los primeros años. O también significa este "de abajo a arriba", la posición de Tierno Galván de haber iniciado la transición primero en la elección democrática municipal y luego ir ascendiendo hacia elecciones regionales hasta la estatal. Es claro que todos estos procesos convenían más a las fuerzas sociales que estaban más arraigadas en asociaciones y entidades de base, y en algunos casos (tanto en Madrid como en otras ciudades), donde se dio parcialmente este fenómeno pues tuvieron sus consecuencias, al menos inicialmente.
Un problema adicional, que todos los autores destacan, fue la cooptación (Capo, J., Baras, M., Botella, J. y Colomé, G., 1988) de dirigentes vecinales para las listas electorales de los distintos partidos que se presentaban a las primeras elecciones municipales. Este planteamiento hacía una translación mecánica al suponer que la gente que aprecia a un dirigente vecinal por su entrega y capacidad de lucha, le va a votar mayoritariamente para un puesto de gestión municipal Esta simplificación desconoce la compleja mentalidad popular según la cual la figura de un gestor municipal responde a otras características, tanto técnicas como del mundo de la política, que le hacen siempre perteneciente a otro ámbito (ya no tan doméstico, y vinculado a otros intereses no tan claros). En nuestras investigaciones de etnología urbana (Villasante y otros) hemos encontrado sobradas muestras de esta diferenciación popular. Incluiremos aquí también la reflexión popular sobre no "perder" a un buen líder para "su movimiento" (y que se "nos vaya fuera"), que es como puede razonar mucha gente de la base social.
Estos equívocos le costaron, especialmente al PCE y a otros partidos marxistas, el desplazamiento progresivo de sus dirigentes y concejales hacia el PSOE, que poco a poco vino a acumular una suerte de "frente unificado" de las izquierdas, sobre todo para las segundas elecciones municipales. El elemento diferenciador (mayor presencia en los movimientos), que el PSOE apenas tenía, se había borrado. Para gestionar en el 83, después del cambio en el Gobierno central del 82, era claro que se podía hacer con mayores posibilidades desde la opción mayoritaria. Otra cosa hubiera sido si en la primera gestión democrática municipal se hubieran hecho efectivas las diferencias (de movilización y participación) que algunos partidos decían representar. Pero realmente no hubo intentos serios y reglamentados para incidir especialmente en este desarrollo.
En todo caso la cooptación de dirigentes de movimientos para la gestión municipal entiendo que fue provechosa para los municipios, y para las propias personas que hicieron esta experiencia. El problema quizá fue que se realizó de manera tan masiva que los movimientos quedaron descabezados, pero si hubiese sido poco a poco y garantizando la continuidad y renovación asociativa, no tiene porque ser valorada negativamente como a veces se ha hecho. No cabe duda que aportaron un conocimiento más cercano de los problemas locales y normalmente una honradez que en la administración anterior era poco frecuente. Las "escuelas de democracia" de los movimientos se completaron con la experiencia de la gestión que sin duda les faltaba, aunque haya que lamentar que el origen de tales escuelas democráticas quedase descabezado.
Varios problemas vinieron a añadirse para entender la desconexión que se produjo entre gestión y participación ciudadana. En primer lugar los nuevos concejales y alcaldes se vieron desbordados por los alarmantes déficits y la burocracia que habían heredado. Y esto les llevó a un activismo inmediatista que no les dejaba ver más allá de la gestión cotidiana. Devorados por una gestión del día a día, la planificación apenas existió, y cuando existió a propósito de algún plan de urbanismo, la participación se daba más en este Plan que en la gestión cotidiana. Los concejales, muchas veces por su extracción popular o por su militancia de izquierdas, consideraban que ellos ya sabían todos los problemas de las bases, y veían como un estorbo articular la participación en la gestión, desplazándola al planeamiento. Pero justamente los vecinos hubiesen preferido participar más en la gestión que en los planes a varios años, de los que desconocían en su realización.
Otro problema es que así como nuestros movimientos vecinales tenían una base territorial de barrio, los ayuntamientos tienen unos servicios organizados sectorialmente por temáticas (educación, salud, urbanismo, etc.), con lo que no hay una correspondencia directa entre lo sectorial lo territorial. Lo territorial, que parte de base y la descentralización trata de integrar colectivamente los diferentes aspectos de la vida local, mientras que lo sectorial de las concejalías se presta más a la atención individualizada de los servicios. Y este salto en el organigrama entre la administración local y las demandas vecinales también supone, al no haber procesos de descentralización significativos, una nueva desconexión entre la ciudadanía y los gestores.
Además los problemas de legitimidad también fueron frecuentemente discutidos entonces. Aunque hoy se vuelva a reconocer y a replantear que quizá se fue muy drástico en otorgarle la exclusividad de la representación legítima a los partidos políticos en sus procesos electorales cada cuatro años. Desde mitad de los setenta el movimiento ciudadano venía teorizando la complejidad de los mecanismos representativos (Villasante, 1976). Pero 1977 supone un cambio pendular en favor de listas bloqueadas y cerradas y de la Ley D'Hont como vías de legitimación prácticamente exclusivas. La pertenencia a una candidatura, más incluso que a un partido, parecería garantizar la planificación para el futuro y el contraste con los movimientos populares, lo cual, evidentemente, ha venido a hacer crisis.
Como se ha venido recordando (Marchioni, 1987) es difícil pensar en articular la participación si no se retoca y democratiza internamente la administración municipal. La reforma administrativa, no sólo en los temas de sectorialización y descentralización territorial, sino también en el funcionariado, presupuestos, etc., necesita un cambio muy profundo, que no se, ha acometido o se ha hecho con notable timidez. La continuidad de la administración burocrática municipal ha sido la tónica general, o al menos así lo ha sentido la gente de la calle. Ha visto que se arreglaban sus ciudades y barrios, se cubrían buena parte de sus déficits heredados, se hacían incluso grandes obras nuevas, pero el aparato administrativo seguía un funcionamiento muy semejante, e incluso con las mismas caras ante la ventanilla. El problema se plantea entonces en cómo participar en un aparato administrativo que no está ni acostumbrado y ni preparado para cambiar sus hábitos.
La Constitución marca unas posibilidades en este sentido que están sin desarrollar. En el artículo 23 se dice: "Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Ese "participar en los asuntos públicos directamente es mencionado en otros artículos como el 9, 140, 87, 92, y también el 21, 22, 27, 29, 48, 51, 105, 125, 129, y otros. Pero lamentablemente las leyes y reglamentos posteriores o no existen o han ido restringiendo, más que potenciando, la participación ciudadana. Y no tanto por falta de capacidad del legislador, sino por falta de experiencias y movimientos previos que presionen a los legisladores en un sentido de mayor participación.
La Ley de Régimen local tiene el mismo problema, que sobre todo se nota entre la filosofía de su Preámbulo y su desarrollo posterior. Cuando se recuerda la rica experiencia que en Administración Local hay en este país, con instituciones comunales y comunitarias de profunda raíz en nuestra historia, se está tocando uno de los grandes fundamentos olvidados de lo que debería ser -base- para toda participación ciudadana. Recordar ahora las Cortes de las ciudades castellanas y los "sexmos", y las propiedades comunales de montes y dehesas, y todo un derecho comunitario local, de gran participación vecinal no es puro amor a la historia. Hoy sólo se conserva en la Ley de manera episódica y residual, pero es necesario que retomemos algunos de sus fundamentos de legitimación más profundos para abordar un desarrollo legislativo acorde con las últimas necesidades sociales que se vienen manifestando.
La lógica de la Revolución Francesa de reducir a derecho privado todo lo que no era derecho público, y de hacer del Estado el único eje de lo público, ha conseguido que fenómenos como las cooperativas, las asociaciones vecinales y de otro tipo, fundaciones, voluntariados, ONG'S, etcétera, se vean circunscritos al derecho privado y asimilados a una lógica de la competencia y la acumulación que no les debería ser propia. No se trata simplemente de que la Ley de Asociaciones siga siendo la de 1964 y que haya que reformarla, o mejorar la Ley de Mecenazgo, o la de Cooperativas, o la de Montes comunales. El problema más profundo es una reconsideración en el sentido de que, además del Estado y del Capital, hay un ámbito distinto y diferenciado: sociedad civil para unos o tercer sector para otros (Nerfin, 1988). Que incluye economías sociales y asociacionismos varios, y que necesita un cuerpo legislativo propio y adecuado, pues ni se debe regir por la acumulación y competencia, ni por la lógica de la administración estatal.
La actual legislación local (LRBRL y ROF), aún no respondiendo a este planteamiento más ambicioso para superar las estrecheces del Estado y del Capital, si permite un interesante juego que no ha sido convenientemente desarrollado. Por ejemplo, cuando se ha querido forzar la presencia de asociaciones directamente en comisiones informativas se ha conseguido pasando de los consejos sectoriales que apenas dan juego. Tener voz en los Plenos sigue dependiendo de la voluntad del Alcalde, pero sobre todo también de la capacidad de los movimientos de expresarse. La capacidad de estar presentes como asociaciones para el control de empresas municipales, que en algunos ayuntamientos está regulado, o las declaraciones de utilidad pública, o la participación en partidas de los presupuestos, no es sólo cuestión de las autoridades sino también de la débil presencia de los movimientos ciudadanos.
Incluso algunos mecanismos descentralizadores, como las posibles elecciones por cada barrio son elementos más que discutibles de participación. Pues podrían cooptar, para una lucha entre candidaturas partidistas, a personas y grupos que por otros mecanismos participativos, más directos, pueden participar unitariamente en la gestión de los asuntos cotidianos locales. Y aunque estas personas pertenezcan a partidos políticos su actuación local se ve principalmente basada en los intereses locales unitarios, si el cauce de participación es adecuado a una legitimidad más asociativa y de base. Con esto se quiere decir que no se trata de llevar la democracia representativa hasta los últimos rincones de la sociedad, como si fuese la única fuente de legitimidad, sino que es una entre otras y que deben potenciarse las participaciones directas de los ciudadanos, de tipo unitario y territorial.
El desarrollo legislativo para todo ello es importante, pero lo es más las prácticas sociales de los movimientos. Más que volver con los reglamentos a nuevos debates, son importantes para una participación real el que haya locales, medios de difusión, y técnicos al servicio de estos procesos. La legislación de descentralización de Barcelona, o los acuerdos de participación de Madrid entre Ayuntamiento y federaciones son importantes, pero donde de verdad se está participando es en municipios pequeños, donde las experiencias de usos de los medios prácticos es real. La credibilidad para los vecinos y asociaciones hoy hay que recuperarla, y esto no se va a conseguir con declaraciones o con reglamentos. Lo tangible de un local a cogestionar con colectivos y asociaciones locales, la disponibilidad de una radio local (o TV), y los técnicos al servicio de las asociaciones, si pueden ser cosas que hagan renacer la confianza perdida entre ayuntamientos y movimientos.
Pero cuando buscamos por el Estado algunas experiencias sobre prácticas concretas en la participación (Ateneo Madriñelista, 1992) nos encontramos con que apenas algunos pequeños municipios han innovado en este sentido, y en los municipios grandes se trata de elementos muy aislados y a veces circunstanciales. Algunas experiencias de cogestión de locales y medios de difusión, paternalistas en general, y muy pocas que supongan becar o pagar a técnicos para que ayuden o asesoren a las asociaciones. Si no se hace esto tampoco se debería exigir a las asociaciones un alto grado de formación, y de presentar iniciativas bien documentadas. Sería muy conveniente, en cambio, que jóvenes profesionales hiciesen sus primeros trabajos (tutelados por profesionales senior y directivos) en los movimientos asociativos.
El sistema de cooptación y desarme de la sociedad civil y sus organizaciones intermedias ha dejado paso a que otros nuevos sectores no se sientan representados, y busquen sus propios cauces para los problemas concretos que tienen, tal como bajo el franquismo analizamos antes. Si los "Bloques sociales" que se fueron aglutinando antes mediante organismos unitarios no tienen cabida en nuestro proceso actual, lo normal es que hoy se potencie lo corporativo y sectorial. No se pertenece a un "Bloque social" (o a una clase) por haber nacido obrero o por haber nacido en un barrio popular, como si esto fuese un sacramento que consagra la esencia para toda la vida de la conciencia social Más bien la pertenencia a una clase o a un bloque social es algo que se construye de experiencias y prácticas diversas, y en lo que tiene tanta importancia como las condiciones materiales de partida, las prácticas reales experimentadas (Zemelman, 1992). Y en esto las reivindicaciones, políticas y necesidades manifiestas son elementos centrales para configurar corporativismos insolidarios o bloques solidarios. Pues no toda necesidad, reivindicación o política social conduce aglutinar bloques sociales, sino que (con la mejor intención) puede conducir precisamente a todo lo contrario.
Pongamos el ejemplo de los transportes en una gran ciudad, donde un tercio tiene automóvil y lo usa, otro tercio lo tiene pero no lo usa, y un tercer tercio no lo tiene. Una política de favorecer el transporte público aglutinará a los dos tercios que lo usan, mientras que una política que favorezca las autopistas aglutinará a los que tienen automóvil, segregando a los terceros menos favorecidos. En vivienda igual (Villasante, 1991): una política de propiedad favorecerá a los que pueden comprar en el "sistema libre" y los "protegidos" de capas medias, mientras que una política de alquileres aglutinará a los de tipo medio y al tercio menos pudiente (que en ningún caso puede comprarse una). Y de esto tanto puede tener la culpa el gobierno con sus políticas como los movimientos con sus reivindicaciones, que en este caso serían corporativas y fomentarían el enfrentamiento con otros sectores de la sociedad. Prácticas que van aglutinando unos organismos intermedios de la sociedad civil, que a medio plazo acaban por fomentar la desconsolidación de toda experiencia de solidaridad precedente.
En esta democracia se corre el riesgo de que la única forma de legitimación sea el voto individual cada cierto tiempo, Y que la atención a las necesidades sea individualizada también en la administración pública, entonces ¿para qué asociarse y participar grupalmente? Los representantes son celosos de su legitimidad sectorial (vivienda, educación, sanidad, empleo, etc.) y no se dan cuenta que en las bases sociales las cosas se viven integralmente, territorialmente. Desacuerdos continuos de coordinación entre las administraciones, que no se pueden entender desde la ciudadanía. Esos procesos de individualización a que nos lleva esta democracia no tienen adecuados contrapesos en la sociedad civil. El asistencialismo de nuestros representantes conduce a situaciones segregativas a pesar de la mejor buena voluntad que puedan poder. Y como nuestros representantes (y sus voceros) están convencidos de que están en el mejor de los sistemas, cuando se dan los fenómenos populares de contestación social, tanto sean de la izquierda como desde la derecha, dicen que aquellas gentes están manejadas, que están alienadas, que son incultas y xenófobas, y no paran de "echarle la culpa al empedrado" (Villasante, 1992).
Los problemas son reales, tanto los de delincuencia y marginación en los barrios, como los de condiciones de trabajo y salarios en las empresas. Y ante problemas cotidianos y concretos no se puede contestar con principios ideológicos abstractos, porque con eso no se come. Con declaraciones ideológicas sobre la solidaridad se puede conseguir precisamente que haya un mayor enfrentamiento entre vecinos, los "buenos" y los "malos", o incluso que quien vive el problema se ponga de parte el racista que le habla un lenguaje sencillo y llano, y no le insulta o le desprecia. En todos los movimientos sociales no sólo hay un elemento reivindicativo sino también un elemento de comunicación y confianza por redes (Villasante y Alguacil, 1992), que es tan importante como el contenido de la necesidad planteada. Las disparidades de discursos entre los que planifican y gestionan y el resto de la sociedad está creando caldos de cultivo para todo tipo de contestaciones. No sólo las corporativas. Están también las movilizaciones contra la OTAN y la guerra de El Golfo o las huelgas generales ¿qué se saca de ahí?
Los votos "de castigo" no son nuevos en estos últimos tiempos, y los franceses especialmente lo saben por las últimas elecciones. Y entre votos de castigo, y abstencionismo creciente en nuestros países, no creemos que se esté consolidando ningún sistema democrático. En la abstención que analiza J. M. Astorkia sobre la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones locales (Astorkia. 1991) llega a la conclusión de que estamos comenzando una segunda ruptura de la participación electoral. En los votos del 82 sitúa solamente el abstencionismo "crónico" (15 %); ya en el 83 aparece otro 15% de desencantados que seguirá sin votar hasta la fecha, y en estas locales del 9 aparece otro 11 %, que él divide en dos categorías: "insatisfechos" (5%) y "jóvenes electores" (6%) que marcan un ascenso medio hasta el 41 % de abstención. En sus palabras: "la inhibición electoral del 75 % de los nuevos electores jóvenes de 18-21 años, cuyo desinterés por las urnas poco tiene que ver con la crisis de una candidatura en concreto, sino que más bien parece una reacción frente a la insensibilidad del sistema de representación política en su conjunto respecto a las demandas y expectativas del mundo juvenil". Si se quiere pormenorizar por barrios populares se verá que es donde más ha incidido la abstención, con lo que podemos sacar en consecuencia que la tendencia remarca el distanciamiento a esta democracia entre sectores jóvenes y trabajadores urbanos principalmente.
Nosotros hemos hecho también una investigación en la Facultad de Sociología, pero centrándonos en los aspectos cualitativos de estas últimas elecciones locales (Villasante y otros, 1992). Resumo algunos elementos a tener en cuenta: el voto no es algo tan individual sino según las redes donde nos movemos; izquierda y derecha no es algo tan claro, y también cuentan los "estilos" de hacer política; se vota según criterios de: "ritual" (cada vez menos), "programa" (muy pocos), "imagen"(muchos), "cambio" (sólo en ocasiones). En la cuestión de la abstención se confirman y razonan los motivos de la abstención que vienen a subrayar los argumentos que aquí estamos esgrimiendo de dos discursos progresivamente diferenciados entre la España real y la España oficial. Pero además podemos observar que el movimiento de los votos no es sólo entre izquierda y derecha, sino que intervienen otros factores como el que citábamos del "estilo". Por ejemplo, el CDS con su propuesta de reducir drásticamente la mili hace años, o HB con su campaña "donde más les duele", o incluso el estilo didáctico y moral de J. Anguita en ocasiones. En muchas elecciones locales determinados candidatos salen más por ellos y sus estilos que por sus partidos o sus programas. No tenemos aquí espacio para explicar detenidamente esta circunstancia, pero debe pensarse que junto al eje gobierno-oposición cabe otro perpendicular de alternativas con las dos principales opciones. Quienes saltan a estas otras opciones son quienes no se ven representados en el lenguaje oficial, y por tanto van a la abstención o a una tercera opción en discordia alternativa. No es un problema de estar más a la izquierda o a la derecha sino de estar en otra lógica o estilo, como lo está la mayoría de los abstencionistas o desencantados. Algunos nacionalismos radicales se sitúan en esas posiciones, y en otras ciudades Izquierda Unida o los Verdes, frente al eje PSOE-PP.
Las lógicas que se pueden dar en las próximas elecciones no tendrán tanto que ver con las grandes obras realizadas en Sevilla o Barcelona, como se ha visto por ejemplo en las últimas elecciones francesas: la economía subía al tiempo que el voto de castigo le dio un alza espectacular a los Verdes (que gobiernan Norte-Paso de Calais) y a los del Frente Nacional. ¿Qué puede pasar aquí con GIL como candidatura del lenguaje popular? No sólo que crezca frente a la derecha, sino también con muchos votos populares de izquierdas. Sería un dato más del desconsuelo (como lo fue en Marbella), con "todos a por todas". Y en el ambiente europeo (con cierto monopolio de la crítica a Maastricht por la derecha nacionalista) nada bueno me parece que saldría para un avance democrático.
Hace años que el sistema mundial de acumulación de capital viene cambiando las "Plusvalías industriales" por la "especulación financiera" (Amin, 1988, Palazuelos y otros, 1988). Este sistema lleva a que la economía de una ciudad (por ejemplo Madrid) pueda estar en alza desde los indicadores de inversión monetaria y al tiempo tener buena parte de su industria en crisis. Las apuestas de las grandes ciudades y de regiones enteras es por conseguir que el blanqueo de dinero, las especulaciones inmobiliarias, etc., se centren en ellas, puesto que parques tecnológicos avanzados no hay para todas. Y al tiempo los indicadores de polarización social se nos disparan (¿cómo pagar los precios tan altos de las viviendas? ¿cómo controlar el tráfico o el dinero fácil de la droga y sus secuelas? etc.). Y los indicadores de despilfarro y contaminación ecológica igualmente contradicen el pretendido éxito financiero. La prioridad al tráfico automóvil se vuelve contra la circulación fluida de la ciudad, y la contaminación, ruidos, mala alimentación, cte., hace que la gente quiera irse fuera, al menos los fines de semana. Los indicadores de calidad de vida se van contraponiendo a los indicadores de inversión monetarista, y tenemos que aclaramos sobre qué es progreso y economía para una ciudad, región o país (Naredo, 1988).
Se está produciendo un gran cambio a la hora de caracterizar los procesos económicos, pues al menos nos encontramos con cuatro criterios diferentes, y contrapuestos de valoración. a) La economía monetaria que a pesar de los sustos que nos da con las bolsas de Tokio, N. York y Frankfurt, parece ser la reina, y ya todos sabemos de la importancia del índice Nikei, o del PIB, que parecen medir si todo va bien o mal. Pero, por otro lado, como todo esto depende de la confianza de los inversores (y otros aspectos propagandístico-subjetivos), deberíamos pensar que nuestras economías políticas deberían basarse en principios más estables, pues depender del riesgo de un pánico bursátil puede ser peligroso. b) La economía productiva que parece residir en la producción de bienes reales (agrícolas, industriales, etc.), y que en no pocos casos parece contradecirse con la lógica monetarista (hambrunas en el Sur, crisis de industrias locales en el Norte, etc.). La pequeña empresa especialmente puede tener un alto grado de productividad pero depende completamente de los créditos, y de los precios fijados en los mercados. De ninguna manera estamos en un sistema de libre mercado, sino en la regulación de la economía desde la gran banca internacional y bancos centrales, y en los acuerdos comerciales internacionales que protegen a las grandes transnacionales. c) La economía social que también tiene sus indicadores, en este caso de reparto de la riqueza y de empleo para todos. Aquí claramente constatamos que estos indicadores van por otros derroteros que los anteriores, y más si consideramos los indicadores de educación, vivienda, etc., adecuados a cada circunstancia. La polarización social, agravada por el crecimiento demográfico del Sur, no hace sino enfrentar estos indicadores con los monetaristas. d) La economía ecológica que mide los recursos de una región, los flujos de energía. Los despilfarros de las tecnologías, la calidad alimentaria o sanitaria, etc., y que nos muestra la calidad de vida para nuestra generación y las venideras, viene también a cuestionar cuáles son los índices de progreso y desarrollo (Naredo, 1987).
La economía política no sólo no tiene una sola solución a los problemas sino que tampoco tiene un sólo criterio, a pesar de que todo se pretenda reducir a las cifras macroeconómicas de los gobiernos. Algunos economistas gubernamentales (y la prensa afín) repiten los datos monetaristas macroeconómicos como la ley suprema, pero esto en vez de consolidar el sistema, puede hacerle debilitarse. El gobierno no quiere devaluar la moneda, pero la economía productiva si quiere para poder vender sus productos), el gobierno se enfrenta a los sindicatos por las prestaciones del desempleo, el gobierno se enfrenta a los ecologistas por condiciones de despilfarro tecnológico y contaminante, etc. Es decir, la posibilidad de surgimiento de corporatismos varios, sectoriales, basados en otros indicadores de medir la calidad de vida, es más que evidente. La consolidación de un sistema democrático no debería basarse en la confrontación entre estos corporativismos, sino en unas reglas de juego de política económica más claras para todos. Es decir, indicadores de calidad de vida que recojan los criterios ecológicos, sociales y realmente productivos, pues sino estaremos inflando un globo monetario cuando en la base se están viviendo diversos tipos de crisis. Y la consecuencia pueden ser explosiones sociales no previstas e incontroladas, y que simplemente obedecen a otros criterios de sectores de la población. Sectores que confrontan su vida real con los lenguajes de la clase política, que les prometen que todo va bien cuando ellos lo viven al revés.
Para superar los corporativismos no es posible hoy volver a burocracias estatales o municipales que han mostrado su ineficacia y su falta de implicación y dedicación para resolver los servicios locales. Pero tampoco parece correcto algunas privatizaciones que con demasiada ligereza acometen algunos ayuntamientos, pues al pasar a grandes empresas o corporaciones privadas, el servicio es posible que sea mas rentable monetariamente, pero la implicación de los empleados es también mínima y no suele mejorar en su calidad. Se trata de encontrar sistemas alternativos a estos clásicos (Estado o Capital) pensando en que exista competencia profesional, porque se den características de implicación y eficiencia, y no tanta competitividad por la acumulación económica.
Hay algunos ejemplos en municipios donde mediante escuelas-taller, o cooperativas, o cogestión con asociaciones, etc., se ha conseguido un mayor grado de implicación y eficacia ligada al terreno, sin necesidad de recurrir a aumentar la burocracia, o tener que privatizar servicios al mejor postor. Este tipo de soluciones necesita de un tiempo de experimentación, y no son soluciones inmediatas; y necesita también un grado importante de control entre instituciones con criterios claros de eficiencia, según los indicadores descritos. No se trata de ninguna solución milagrosa, sino de experimentos que deben llevar su tiempo de seguimiento y autoevaluación.
La participación así no se reduce a algo puramente reivindicativo o de estar en órganos de decisión municipal, sino que es una participación directa en la ejecución de asuntos de interés comunitario local. Para ello es determinante hacer un buen seguimiento de estas experiencias y utilizar métodos de investigación y estudio permanentes, de estas experiencias, la participación y las actividades que se generan. No es recomendable dar dinero en subvenciones o ayudas sin un seguimiento de las actividades. Este puede ser otro servicio contratado fuera del ayuntamiento a una consultora implicada. Pero además este tipo de servicios puede mantener un sistema periódico de sondeos, consultas populares, etc. Todo lo que represente un apoyo técnico para que las relaciones de contrapoderes sean eficientes en un mercado de servicios, profesionales adecuados a las necesidades locales, y donde se controle que no prime la acumulación de capital, u otros intereses no sociales, en la ejecución de los servicios.
Se trata de señalar los suelos, los territorios, donde realizar embriones de alternativas completas complejas. Siguiendo aquel principio de "actuando localmente y pensando globalmente" hoy son muchos los colectivos, asociaciones y movimientos populares que en todo el mundo tratan de ser efectivos para la transformación social. No sólo los ecologistas, sino también movimientos eclesiales de base en el Sur, diversos movimientos culturales juveniles, etc. Un buen ejemplo puede haber sido el Foro Global que en Río de Janeiro trató de ser alternativa a la cumbre de los Jefes de Estado sobre el Medio Ambiente. La imagen de dos posicionamientos y dos legitimidades que allí se enfrentaron nos puede servir de ejemplo. Los gobiernos representan a quienes les votaron, y los colectivos y asociaciones a los que actúan voluntariamente, resolviendo los problemas con muchas menos burocracias y con menos dinero. Los gobiernos pretenden "Estados del Bienestar", lo que significa (en el caso en que el monetarismo internacional lo permitiese, cosa que hoy es bien difícil) reforzamiento del Estado para que los súbditos puedan "estar" (pasivos) y "bien" (con indicadores macro-fináncieros de progreso que contradicen una calidad de vida ecológicamente pensada). Mientras que en el Foro Global se plantearon soluciones para lo que nosotros llamamos "Sociedad del Mejor Vivir", es decir prioridad a las formas surgidas de la sociedad (no tanto Estado ni Mercado de transnacionales), o sea planificación mixta y participativa al servicio de las economías y necesidades populares. Para "vivir" y participar creativamente (a través de colectivos y asociaciones de iniciativas), y "mejor" con arreglo a otra cultura de indicadores (para una calidad de vida productiva, social y ecológicamente fundamentada) (Antúnes y otros, 1992).
Para conseguir estos cambios los reunidos en Río no están pensando en la toma de la bastilla ni en el asalto al Palacio de Invierno necesariamente, más bien se sitúan en la lógica de la desconsolidación de todos los imperios que en el mundo han sido, desde el romano al español, por ejemplo. Contradicciones internas y externas, fragmentaciones desde territorios y suelos concretos, por ejemplo el papel de los cabildos y otras revueltas locales frente a los poderes virreinales de la corona española. Siempre aparecen en suelos y territorios concretos elementos para la gestación de bloques sociales alternativos a los sistemas de poderes. Un bloque social es hoy pensable en territorios regionales concretos. Doreen Masey o Alain Lipietz han tratado de teorizar esto en Europa (Lipietz, 1989) y J. L Coraggio en América Latina (Coraggio, 1981), pero incluso yo he podido encontrar ejemplos prácticos en gestación en varias regiones latinoamericanas, o en algunas políticas regionales europeas, Burguesías nacionalistas o localistas cuyos sistemas productivos quedan fuera del sistema de acumulación mundial y cuya única posibilidad es la reconversión de acuerdo con los sectores populares (trabajadores, campesinos, informales, etc.) hacia modelos diversificados para mejor resistir en la crisis. Es decir, propuestas sociales y ecológicas frente al monetarismo de enriquecimiento rápido, que de todas maneras no les va a alcanzar. Bloques sociales como los que apoyaron al laborismo de izquierdas del Gran Londres hasta que la Thatcher disolvió el organismo, y luego la destituyeron con las grandes manifestaciones contra el Pol-Tax; o bloques sociales frente a las reconversiones industriales de ciudades y regiones enteras, donde es necesario avanzar modelos alternativos de desarrollo viables y basados en los recursos naturales propios. Amplios sectores de izquierdas, nacionalistas y ecologistas están confluyendo en nuevas culturas locales (Congreso Internacional de Movimientos Sociales, 1992).
En el "actuando localmente" hay también propuestas concretas para superar los desconsuelos inmobilizadores. Se conocen las manifestaciones de Villaverde contra los realojos y la coordinadora que encabezaba Briceño, pero no se conoce tanto la Plataforma de Asociaciones que surgió después (integrando a buena parte de las asociaciones de la anterior), y que tiene elaborado un programa reivindicativo que integra las necesidades de los distritos de Villaverde y Usera. Tampoco se conoce mucho la iniciativa en Vallecas de un Plan integrado como alternativa para su zona (Villasante, 1992). En otras ciudades de nuestro Estado también se están proponiendo soluciones integrales desde la sociedad y sus asociaciones. Estoy dispuesto a constatar una nueva efervescencia de organismos intermedios surgidos desde la sociedad, desigualmente repartidos pero con lógicas semejantes. En general, podemos decir que se trata de Programas de Alternativas Integrales, es decir recuerdan a aquellos PAI que en barrios de Madrid sirvieron para el planeamiento de la transición. Hoy estos PAI tienen un carácter más de Programas (es decir con gestión y plazos), de Alternativas (más cambio que cautelas para el futuro), e Integrales (incluyen aspectos de territorio, empleo y cultura). Buscar estos aspectos integrales es decisivo, pues no se puede superar la segregación con medidas sólo urbanísticas de realojos o reequipamientos, sino con medidas de desarrollo local, donde el empleo, la cultura y el territorio estén articulados entre sí, y no sean políticas sectoriales aisladas.
Así llegamos al difícil problema de la coordinación de actuaciones. La única forma operativa para que exista coordinación es que ésta sea asumida y controlada por los propios usuarios, y puedan nombrar equipos técnicos para la realización de cada programa concreto. La coordinación de burocracias es algo muy difícil y hasta inoperante, por eso hacen falta mesas de negociación entre las plataformas de ciudadanos y la Administración, y donde se nombren equipos técnicos apropiados para cada desarrollo local integral a realizar (equipos multidisciplinares, en consecuencia). La Administración electa aporta la legitimación de los que votan y los recursos económicos, las asociaciones aportan la legitimidad de los que actúan voluntariamente y las iniciativas del sentir popular, y los técnicos deben aportar la legitimidad de la planificación para generaciones venideras, y la compatibilidad con otras programaciones cercanas y no representadas. La consolidación de una democracia participativa sólo será creíble si se empieza desde abajo por resolver problemas concretos de la cotidianeidad, y no tanto por reiterar grandes discursos televisivos sobre la necesidad de las grandes abstracciones ideológicas de uno u otro signo.
El papel de los técnicos de ciencias sociales en estas tareas de Programas de Alternativas Integrales es muy importante, porque sólo con estudios muy cercanos a las comunidades, muy concretos y operativos, es posible cimentar un desarrollo alternativo. Estudios de redes sociales, de investigación participativa son los que tienen que demandar los vecinos y programar as administraciones, si se quieren hacer proyectos operativos y donde la población los pueda sentir como suyos. Tanto los movimientos como las administraciones locales tienen aquí una gran responsabilidad. Pero también tenemos una gran responsabilidad desde las ciencias sociales si nuestros discursos sólo proclaman la consolidación de un único sistema mundial de poderes omnipotente, pues desde ese análisis sólo cabe adaptarse a él con criterios posibilistas, o denunciarlo desde el desconsuelo autojustificativo para no hacer nada. Los sistemas mundiales y locales de poderes, sin embargo, muestran muchas contradicciones y es nuestra obligación señalarlas y aportar creativamente alternativas viables y participadas.
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