FORMACIÓN

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores apela a un modelo de responsabilidad, pero sin duda apela también a un modelo educativo con el menor. Sigue así, la línea de lo marcado en la Recomendación 87 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que indica la necesidad de que todas las medidas impuestas al menor deben tener carácter educativo. Es decir, se fija que la finalidad educativa es el núcleo en el trabajo con jóvenes y adolescentes infractores.

Además, siguiendo con los objetivos educativos, las leyes “1/2004 de 28 de Diciembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral Contra la Violencia de Género” y la “2/2006, de 3 de mayo, de Educación” exponen la necesidad de incorporar una educación que fomente la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.

Aunque estos objetivos educativos se introdujeron aproximadamente una década atrás, todavía hoy en día, las diligencias incoadas entre menores por violencia de género parecen tener un alta prevalencia. Según el último informe del Ministerio Fiscal, en el 2011 fueron 473 menores incoados, en el año 2012 se registraron 632 asuntos y en 2013 un total de 327. A ello habría que añadir los casos de violencia intrafamiliar ascendente dirigidos a las mujeres dentro del ámbito familiar, cuyo recuento es separado, pero con cifras mucho más elevadas, 4659 en 2013. Además, de igual manera ocurriría con los delitos contra la libertad sexual, que la fiscalía recuenta de manera separada, pero que podrían categorizarse como violencia contra la mujer en algunos de los 1124 procedimientos abiertos en 2013.

Actualmente cuando hablamos de violencia de género, socialmente pensamos en una violencia física que se sucede en relaciones entre adultos. Es más, si hacemos un repaso por la publicidad institucional para la prevención de la violencia de género, la mayoría de campañas hacen referencia a ese perfil concreto. Pero hay otra prevalencia de violencia contra la mujer, contra mujeres adolescentes, en la que no sólo hay agresiones físicas.Los datos nos indican que la violencia contra la mujer ocurre desde la juventud, aunque en muchas ocasiones esa violencia no es concebida como tal o no se considera tan grave como para denunciar y/o considerarse víctima. Los últimos estudios “Jóvenes y Género: Estado de la cuestión”(2014) y “¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de género en la adolescencia” (2015) del Centro Reina Sofía, muestran la tolerancia y normalización a la violencia de género entre jóvenes. De igual manera, los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2013), en el estudio “La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género”, exponen que la violencia machista no se encuentra superada.

Es dentro de este contexto, donde se hace necesario plantear una intervención específica con jóvenes y adolescentes para prevenir de manera secundaria y terciaria. En esta línea, es donde enmarcamos la formación a profesionales, dando respuesta al problema en auge de la violencia de género con este colectivo.