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El Colegio muestra su preocupación por la precaria situación de las plantillas en Servicios Sociales Especializados

08/07/2022 | COMUNICACIÓN


El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid sobre la precaria situación de las plantillas en Servicios Sociales Especializados

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid, corporaciones de derecho público que representan a la mayoría de las y los profesionales que trabajan en el sistema de Servicios Sociales, quieren trasmitir su preocupación por las condiciones en las que se está desarrollando la prestación de estos servicios a la ciudadanía.

Los Servicios Sociales son uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar, que organizan e integran servicios públicos esenciales para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, desarrollando su función promotora, preventiva, protectora y asistencial favoreciendo la integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia familiar, la participación social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos.

Para ello, la Administración en muchas ocasiones se sirve de la cooperación públicoprivada, en un contexto de cambio en el modelo de bienestar social. En términos prácticos, esto supone que en la Comunidad de Madrid, muchos de los Servicios Sociales especializados se ofertan mediante fórmulas de colaboración público-privada, mediante contratos con entidades especializadas, bien sean sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, etc.), o empresas mercantiles con carácter y ánimo lucrativo. Se trata de Servicios Sociales tan importantes y sensibles como la atención a personas de todas las edades en situación de vulnerabilidad, víctimas de la violencia de género, el apoyo a la infancia y adolescencia en dificultad, desprotección familiar, protección a la dependencia, otras capacidades, promoción de la autonomía de las personas mayores, la atención a la rehabilitación a personas con problemas mentales graves, el abordaje de situaciones de emergencia y exclusión social, etc., que requieren de una atención especializada y profesionales con alta cualificación.

Los marcos laborales de los convenios colectivos que regulan este sector, junto a las condiciones establecidas en los pliegos de las licitaciones públicas, que valoran de forma destacable los criterios económicos frente a los técnicos y a las cláusulas sociales, determinan unos escenarios laborales que podrían calificarse de indignos y unos empleos precarios (sueldos bajos, incertidumbre e inestabilidad de los proyectos, etc., que no están en consonancia con el nivel de responsabilidad, la experiencia laboral y formación exigida para la cobertura de los puestos de trabajo), afectando de forma determinante a la salud psicológica y social de las y los profesionales, y por ende, a la atención de las personas atendidas.

Cuando estos proyectos y servicios se contratan a través de licitaciones públicas, en muchos casos, los criterios sujetos a valoración priorizan la oferta económica frente al resto de características de la propuesta, menoscabando la importancia de la calidad técnica del proyecto, de la cualificación de las y los profesionales que componen el equipo, y de los criterios de calidad, éticos y de idoneidad de la atención y su impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía.

Junto a la ciudadanía, los otros grandes protagonistas del sistema son los y las profesionales, y especialmente aquellos que trabajan bajo el escenario descrito (gestión indirecta), que no cuentan con unas condiciones laborales dignas ni de calidad. Existe una alta precarización en el sector (marcada por los convenios que regulan los distintos ámbitos de la intervención social) y una alta inestabilidad (algunos puestos de trabajo están ligados a subvenciones cuya duración no llega ni al año).

Estos factores influyen en un alto índice de rotación de personal, impactando de forma directa en las personas usuarias, quienes sufren cambios constantes en sus profesionales referentes y discontinuidades en sus procesos de intervención. En algunos casos, este escenario puede suponer una revictimización para las personas, completamente evitable si se revierte la situación.

Cada vez es mayor el número de profesionales que deciden dejar el ámbito de la intervención social, produciéndose un fenómeno de “fuga de talento”, una pérdida del conocimiento experto en servicios que se ocupan de asegurar derechos, de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, de prevenir o evitar causas que pueden conducir a situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social, etc. 

La estabilidad laboral y la calidad del empleo de las y los profesionales es imprescindible para garantizar la calidad y la continuidad de la atención a la ciudadanía, en definitiva, garantizar los objetivos que ha contratado la administración.

Desde los Colegios profesionales firmantes apostamos por unos Servicios Sociales:

De carácter Universal, que gestionan servicios para toda la ciudadanía, que atiende situaciones de necesidad que pueden afectar y afectan a las personas en cualquier momento de su vida.

De calidad, que persiguen objetivos altamente especializados y que requieren de una actividad profesional de alto nivel de cualificación, motivada y reconocida, que aseguren la dignidad de las personas destinatarias a través de actos profesionales basados en la deontología, el secreto profesional y un vínculo duradero.

Que garantizan derechos, iguales para todos y todas, de carácter subjetivo que permita su ejercicio efectivo en función las necesidades individuales valoradas por los profesionales adecuados.

Por todo ello, entendemos que: 

• Los pliegos de las licitaciones públicas deben contar con criterios que prioricen la calidad de los proyectos y servicios frente a la utilización de fórmulas económicas que dan ventaja a las ofertas de menor valor y que terminan afectando a la ciudadanía, por las condiciones laborales de los y las profesionales.

• Entendemos que una mejor calidad de los proyectos y servicios implica una mayor valoración de la propuesta técnica y metodológica, la delimitación clara de funciones, la definición de perfiles profesionales adecuados, la competencia de los equipos interdisciplinares, la valoración de elementos de innovación, éticos y el desarrollo de las competencias profesionales en un marco deontológico determinado y que se garantiza en la práctica a través de la pertenencia a los respectivos colegios profesionales.

• Elaborar fórmulas de financiación y colaboración de las entidades participantes en el sistema público para dotarlas de estabilidad y garantizar la calidad de los servicios. Valoramos como esencial la cooperación público-privada, pero la forma de entender esta cooperación en la provisión de servicios sociales está cambiando en Europa, en un contexto de profunda transformación social y de revisión de los modelos de bienestar social. Por tanto, insistimos en la necesidad de elaborar fórmulas de financiación y colaboración de las entidades participantes en el sistema público para dotarlas de estabilidad y garantizar la calidad de los servicios, de manera que las personas usuarias, insistimos, no sufran discontinuidades en sus procesos de intervención. Apostamos por establecer fórmulas que ofrezcan garantías tanto a la ciudadanía, como a las entidades gestoras y al propio sistema de Servicios Sociales.

• En este sentido entendemos que la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid debe apostar por el concierto social como fórmula idónea para determinados servicios, donde las cláusulas de carácter social deben primar.

• Reforzar la dotación de recursos humanos en los servicios y proyectos de atención social especializada que cuentan con listas de espera elevadas.

• Las Administraciones deben ejercer un seguimiento efectivo del cumplimiento de la ejecución del contrato (y en especial el cumplimiento del convenio sectorial de referencia y de la normativa laboral vigente). la utilización de fórmulas económicas que no den tanta ventaja a las bajadas económicas, la delimitación de funciones con los perfiles profesionales adecuados, la valoración de elementos de innovación, etc.

Instamos por lo tanto a las administraciones a abordar el reto de unos Servicios Sociales Universales y de Calidad comenzando por cuidar a las y los profesionales que son el centro de los mismos.

 

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