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Manifiesto sobre las condiciones que se fijan en los contratos de Gestión de Servicios Públicos, en Modalidad de Concierto, que atienden a las personas con Discapacidad Intelectual en la Comunidad de Madrid
26/01/2015 | COMUNICACIÓN
El Grupo Psicología y Discapacidad Intelectual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid quiere hacer público su desacuerdo con las condiciones que fija el acuerdo marco desarrollado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para la contratación de la gestión de servicios públicos en modalidad de concierto que atienden a personas adultas con discapacidad intelectual, y advertir de sus posibles consecuencias.
Este acuerdo regula los ratios y condiciones de los distintos centros de atención a personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid como los Centros Ocupacionales, Residencias, Centros de Día, etc. Estas nuevas condiciones se acompañan de un recorte en la dotación económica por plaza de un 15%, que se suma al 5% de recorte que ya se realizó en 2012, lo que supone una reducción total del 20% en los últimos dos años.
Dicho acuerdo afecta a gran número de profesionales del sector y es un atropello para los psicólogos, ya que plantea un extraordinario aumento de ratio y devalúa la importancia de la labor de estos profesionales dentro del equipo multidisciplinar, lo cual se ve reflejado directamente en la atención a las personas con discapacidad y sus familias. El psicólogo se presenta como profesional no imprescindible, dejando a juicio del propio centro la elección del profesional más necesario: trabajador social, maestro de taller o preparador laboral. Todos perfiles muy diferentes entre sí. Literalmente se recoge: (Los perfiles profesionales de Psicólogo, Trabajador Social, Preparador Laboral y Maestro de Taller (o equivalente), podrán ser intercambiables, siempre que cuenten con la cualificación académica o profesional necesaria para ello y no vaya en contra de lo dispuesto en el convenio colectivo laboral de aplicación, previa propuesta razonada de los adjudicatarios de los contratos derivados del servicio al Órgano competente de la Consejería de Asuntos Sociales. (Pliego de prescripciones técnicas CO).
El sector de la discapacidad intelectual ha vivido un gran desarrollo en su historia más reciente. Gracias a un proceso de profesionalización se ha podido progresar desde un modelo asistencial hacia uno basado en la calidad de vida. Además, actualmente se trabaja para integrar un enfoque de derechos de la persona, procurando apoyar al máximo la autodeterminación. Los avances logrados hasta hoy entrarán en retroceso si no se recapacita y se estipulan unos mínimos inapelables que hagan viable el trabajo que hasta hoy se ha estado realizando y permita continuar un desarrollo en la misma línea. Hay que dotar de medios y recursos económicos suficientes al sector, tomando conciencia de las consecuencias de un deterioro en la calidad de la atención: aumento del riesgo de exclusión, pérdida de oportunidades y aumento de las necesidades asistenciales lo cual produciría además un aumento de la necesidad de inversión económica en la ley de dependencia.
El psicólogo es un profesional de gran valor en cualquier etapa del ciclo vital de la persona con discapacidad intelectual, cuyos conocimientos y herramientas relacionados con las diversas áreas de desarrollo humano tanto a nivel cognitivo, como conductual y emocional, sirven de base para el trabajo multidisciplinar que requieren los usuarios y sus familias. Facilita una visión integral y global de la persona y hace posible una metodología coherente, bien planificada y eficiente. Reducir el número de psicólogos en los centros y servicios de acción social, dañará de forma directa al colectivo objeto de nuestra atención.
Los servicios que realizan los profesionales de la Psicología, sin duda alguna permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad intelectual:
- La evaluación y diagnóstico psicológico y psicosocial individual
- Atención directa, individual o grupal
- Planificación, implementación y evaluación de programas de intervención en aspectos específicos y de crecimiento personal
- Asesoramiento y orientación a familiares y profesionales
- Valoración de la discapacidad
- Investigación, prevención y sensibilización
Estas funciones encajan completamente con la propuesta de la Comunidad de Madrid: “tratamientos y actividades encaminados al bienestar psíquico y social de la persona con discapacidad intelectual y que deben tener en cuenta a la persona, su salud, el cuidado de su cuerpo, su equilibrio psicológico, sus conflictos personales, problemas conductuales, vida de relación familiar, sexual y comunitaria, etc., a fin de que el usuario mejore su calidad de vida y se integre socialmente” (Pliego de prescripciones técnicas CO).
Sin embargo, la red de atención a personas con discapacidad intelectual ha iniciado una pérdida progresiva de recursos, amenazando con perderse en torno a 100 puestos de trabajo, lo que representa el 50% de los psicólogos que desarrollan esta labor. Por ejemplo, en el caso de los Centros Ocupacionales, la ratio asignada por psicólogo en el año 2002 fue un psicólogo a tiempo completo por cada 60 usuarios; en este último acuerdo marco, la misma ratio contaría con un psicólogo 20 horas semanales, lo cual aumenta la ratio del psicólogo a 120 usuarios, duplicando la misma. Lo que inevitablemente supone a corto plazo una situación de deterioro a la hora de ofrecer un servicio de calidad en cuanto a la atención individual y familiar de los usuarios, provocando un gran deterioro en su calidad de vida. Esto se verá reflejado a medio plazo en un aumento considerable de su situación de dependencia, por lo que aumentará la demanda de servicios orientados a la situación de dependencia de dichas personas con discapacidad.
En los Registros de la Comunidad de Madrid, se contabilizan más de treinta mil personas con discapacidad intelectual, y muchas de ellas se encuentran fuera de la red de servicios, sin plaza en ningún recurso de atención. Es importante que se mantenga la calidad de los servicios y que se amplíe la atención a personas que actualmente se encuentran sin recursos, manteniendo de forma viable el enfoque de inclusión, ciudadanía, crecimiento personal y calidad de vida que se ha desarrollado hasta hoy.
A lo largo de los últimos años, hemos trabajado por un modelo de calidad de vida inclusivo en pro de que las personas con discapacidad adquieran una mayor autonomía, desarrollo personal y profesional, consiguiendo un aumento de personas con discapacidad que poseen un trabajo inclusivo, haciendo uso de los servicios de la comunidad, promoviendo el respeto de sus derechos, llegando en algunos casos a vivir de forma independiente. Todo esto se traduce en una reducción de la necesidad de servicios y por tanto un ahorro dentro del presupuesto que actualmente se destina a la ley de dependencia. Sin embargo, con las ratios actuales del nuevo acuerdo marco y el deterioro de la atención que esto conlleva, pronto se verá reflejado una pérdida de la autonomía de las personas con discapacidad, creando de nuevo una mayor dependencia en este colectivo y por tanto mayor necesidad de servicios traduciéndose en el aumento de la partida económica de la ley de dependencia y de los servicios destinados a las personas con discapacidad y sus familias.
Por todo ello, los profesionales de la Psicología exigen que la Administración incremente y aporte todos los recursos humanos y materiales necesarios que permita que las personas con discapacidad intelectual sean atendidas por profesionales especializados debidamente formados en este campo.
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